Candidato de Súmate afrontará nuevo juicio por omisión de denuncia

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El controvertido alcalde de Magdalena de Cao y candidato a la alcaldía provincial de Ascope por el movimiento regional Súmate, John Vargas Campos, afrontará un nuevo juicio por el delito de omisión de denuncia en agravio del Estado, lo que se desprende del auto de citación oral emitido por el octavo juzgado penal unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios.

La cita será el trece de marzo del año 2019 en la sede de la Corte Superior de Justicia en Natasha Alta hasta donde deberán concurrir John Vargas Campos, acusado por la omisión de denuncia agravada, Santos Anita Reyes Meza, regidora que actualmente dirige la municipalidad de Magdalena de Cao, y los trabajadores municipales Carlos Nicolás Cárdenas Paz y Francisco Edgardo Escalante Malca, los tres son acusados  del delito de peculado por apropiación en agravio del Estado.

 “Hice la denuncia de la venta ilegal de bienes públicos ante la Fiscalía Anticorrupción de Trujillo, luego de pasar las etapas de investigación preliminar y preparatoria, ahora el expediente ha sido derivado a la Sala Especial Anticorrupción que está en Natasha Alta”, señaló el regidor de Magdalena de Cao, Jaime Casanova Leyva

“En los años 2011 y 2012 el Plan Copesco instaló tachos de basura en torno a la plaza de Armas y avenidas principales de Magdalena de Cao para mejorar el ornato de nuestro distrito. Al ingresar John Vargas a la alcaldía no le gustó los tachos y ordenó retirarlos. Posteriormente, en el año 2016, los imputados comercializaron estos enseres y otros como chatarra por los que recibieron 612 soles, sin respetar la normativa sobre baja de bienes públicos”, acotó.

El delito de omisión de denuncia está contemplado en el Artículo 407° del Código Penal de la siguiente manera: “El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años.